La República de Cuba es un Estado social, democrático y de derecho. La sostenibilidad intergeneracional es principio rector: toda ley, política pública y actuación del Estado debe evaluarse por su impacto económico, social y ambiental antes de su adopción, y está sujeta a revisión permanente en función del bienestar colectivo presente y futuro.

Toda persona tiene derecho a la identidad digital, a la protección de sus datos personales y al control informado sobre su uso por el Estado o por actores privados. La vigilancia masiva sin autorización judicial específica queda prohibida. El matrimonio es la unión voluntaria entre dos personas con igualdad plena de derechos y deberes. La vivienda principal es inviolable y está protegida de desalojo sin orden judicial y solución habitacional alternativa.

El Estado garantiza un piso universal de bienestar compuesto por salud primaria gratuita, educación universal, nutrición básica, acceso mínimo a energía y conectividad, y vivienda digna, financiado con reglas fiscales transparentes y auditables. La madre trabajadora tiene derecho a doce meses de licencia de maternidad remunerada; el padre, a dos semanas. Ningún ciudadano puede ser limitado en su atención médica por razones económicas.

Se garantiza la iniciativa legislativa ciudadana digital verificable: todo grupo ciudadano con diez mil firmas puede presentar proyectos de ley. Se establece el referendo revocatorio para cargos ejecutivos con umbrales proporcionales y auditoría pública del padrón. Ninguna persona, empresa o entidad estatal puede controlar más del treinta por ciento de los medios de comunicación de cobertura nacional.

El Estado se organiza en seis niveles territoriales: Nación, Provincia, Municipio, Barrio, Circunscripción y Vecindad. Cada nivel tiene asamblea representativa, consejo ejecutivo y presupuesto propio. Rige el principio de subsidiariedad. Un Sistema Nacional de Planeación Estratégica con participación ciudadana y revisión anual pública alinea presupuestos y políticas de largo plazo con indicadores verificables.

La Asamblea Nacional es bicameral: un Senado de los Sabios de cincuenta senadores y una Cámara de Representantes de cuatrocientos cincuenta diputados. El control constitucional ex ante y ex post es obligatorio para toda ley orgánica. Ningún miembro del poder judicial ni de la policía puede pertenecer a partido político alguno. El Poder Judicial es independiente y sus decisiones no pueden ser revertidas por el ejecutivo.

El modelo económico de Cuba es mixto, plural y de función social. Se reconoce la coexistencia de propiedad pública, privada, cooperativa, comunitaria y mixta bajo reglas de competencia leal, transparencia fiscal y sostenibilidad intergeneracional. Los monopolios estatales o privados sin control regulatorio quedan prohibidos. El endeudamiento público no puede exceder el veinte por ciento del PIB a nivel nacional.

La política exterior de Cuba se rige por la defensa de los derechos humanos, la no injerencia, la cooperación regional y la integración económica sostenible. Todo tratado que afecte soberanía regulatoria o recursos estratégicos requiere control parlamentario reforzado. Los ciudadanos cubanos residentes en el exterior tienen derecho a votar para Presidente de la República y Senadores a través de sedes diplomáticas o por vía digital certificada.

El pueblo de Cuba es el único titular del poder constituyente. Toda reforma constitucional debe incluir memoria de impacto en derechos, sostenibilidad fiscal y gobernabilidad, y ser ratificada mediante referendo por mayoría de los ciudadanos con derecho al voto. Las cláusulas de derechos fundamentales, separación de poderes y pluralismo político solo pueden reformarse con mayoría cualificada en referendo.

Se crea un Consejo de Integridad Pública y Datos Abiertos, autónomo, que audita contrataciones, publica trazabilidad presupuestaria en tiempo real y activa alertas tempranas de corrupción con protección a denunciantes. Todo el que se encuentre detenido sin las formalidades constitucionales será puesto en libertad inmediata por habeas corpus. Ningún juez puede declinar esta jurisdicción. La adicción a drogas se trata como problema de salud pública, no como delito.